Matt Bellamy aporta ideas y Lilly Allen renuncia a asistir a una reunión de la Featured Artists Calition (FAC) para adoptar una posición unánime.
Hace días Matt Bellamy respondió a las quejas planteadas por Lilly Allen en su blog en la que se mostraba a favor de adoptar medidas legales contra las descargas ilegales, frente a la posición mantenida por los artistas de la FAC.
Bellamy contestó a la artista es que el intercambio de archivos es ahora la normalidad y que ello no se va a poder modificar con un ataque a las libertades civiles instituidas. El problema- señala- es que los proveedores de Internet tienen enormes ganancias y los derechos de autor no están siendo debidamente legislados impositivamente: «Así como las emisoras de radio y Tv tienen que pagar unos impuestos por usar un material que no les pertenece, los proveedores deberían tener las mismas obligaciones (…) De esa forma, el que solo utiliza internet para ver el correo no debería pagar lo mismo que el que hace descargas para oír música y ver películas, por lo que debería haber una utilización monitorizada y tasada, y que garantizase la libertad del consumidor y los derechos de los artistas. Perderían los proveedores, pero el internauta tendría la libertad de escoger una tarifa de internet para ver correos y otra para descargas, que no debería ser muy superior a la actual.»
Hoy mismo tenía lugar una reunión de la FAC, de la que forman parte músicos como Billy Bragg, David Gray, Fran Healy (Travis), Tom Jones, Annie Lennox, Nick Mason (Pink Floyd) o Ed O’Brien (Radiohead). Este último declaró a la BBC que está de acuerdo con Lilly Allen en cuanto a que los más perjudicados por las descargas ilegales son los jóvenes artistas y que Radiohead no han sufrido tanto por ello y que tienen que hacer ver a los consumidores que el pagar o no por el producto influye a largo plazo.
Por otro lado, Francia sí que aprobó ayer por 285 votos contra 225 la ley contra las descargas ilegales, que prevé que en el caso de una descarga ilegal identificada y reiterada se suspenda, tras dos advertencias y por decisión de un juez, el acceso a internet del usuario en cuestión. Dicha norma podrá ser de nuevo objeto de recurso ante el Consejo Constitucional por el partido socialista, cuestión previa que ya no regula nuestro ordenamiento, si bien hay que recordar que de 204 diputados socialistas participaron 113 en la votación. Lo más llamativo de la ley, y su posible inconstitucionalidad, es que contempla que durante la suspensión de su acceso a internet, el usuario sancionado tiene que seguir pagando el abono.
Un comentario